• Jueves, 14 de septiembre de 2017
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Ley de Ética: falta un órgano clave

Fue aprobada hace algo más de un mes y regula las declaraciones juradas de funcionarios. Debe aplicarla la nueva Oficina de Investigaciones Administrativas, cuyo titular aún no se propone ni tampoco tiene personal. No es prioridad.

Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

La ley de ética pública fue aprobada por la Legislatura provincial el 8 de agosto pasado. Se trata de una de las leyes más resistidas por la clase política no sólo porque obliga a todos los funcionarios (provinciales, municipales y judiciales) a hacer pública su declaración jurada de bienes; también regula la recepción de obsequios, las incompatibilidades, es decir todas esos comportamientos que generan sospechas por parte de la ciudadanía. 

Esa ley ya fue publicada el 16 de agosto pasado, pero aún no está en vigencia. Es que en su artículo 43 se establece que será plenamente vigente el día que se nombre el auditor que comande la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Ese auditor debe ser propuesto por el Poder Ejecutivo y sometido a acuerdo del Senado, pero desde el Gobierno aún no proponen el nombre.

El tema no esté entre las prioridades del gobernador, Alfredo Cornejo, que nunca fue un impulsor de esa ley, aunque tampoco se ha mostrado en contra de su sanción y de hecho los legisladores que le responden votaron por ella, por lo que podría inferirse que no le puso obstáculos. 

Pero la puesta en vigencia de la norma hoy corre exclusivamente por la elección del candidato que conducirá el organismo que recepcionará las declaraciones juradas e impulsará investigaciones administrativas en todo el Estado provincial. 

No faltan quienes indiquen que la época presenta otras urgencias; la ley se votó unos días antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la decisión de un nombre para un organismo que no fue alumbrado e impulsado por el Ejecutivo no está en el radar de Cornejo para este momento preelectoral.

 

 

Quizá ese dato resulte significativo. La ley de ética pública fue una tarea de la senadora radical Daniela García, bajo el madrinazgo de la vicegobernadora Laura Montero. Montero y Cornejo tienen una relación tirante. Sin ir más lejos, la semana pasada hubo un momento tenso cuando Cornejo “olvidó” que la Vice estaba avanzando en la implementación del expediente digital para remplazar la documentación en papel.

Los Andes consultó a Montero, pero esta vez fue prudente en las manifestaciones. Simplemente comentó que le recordó la necesidad del nombramiento a un funcionario cercano al Gobernador cuando éste se encontraba en Estados Unidos. Eso fue hace dos semanas.

Ayer este diario también consultó en Casa de Gobierno si había un nombre o plazo para remitir el pliego de antecedentes a la Legislatura. No hubo respuesta. Alguien comentó que cuando recién se aprobó la ley, se barajaron algunos nombres en el entorno de Cornejo, pero nunca más se habló del tema.


Uno nace, otro muere

Hay un detalle del que no se habla y que también podría jugar en la decisión. En cuanto la ley 8.993 entre en vigencia, es decir cuando el auditor sea nombrado, desaparece la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado. 

En el artículo 37 de la ley de Ética Pública se establece la derogación del decreto-ley 4.418, que firmó el brigadier Jorge Sixto Fernández, gobernador de facto de la provincia. Ese decreto-ley creó la dependencia de Fiscalía de Estado que conduce Javier Fernández. Tal como está la redacción actual, eso implica que todos los empleados de esa repartición pueden quedarse en la Fiscalía de Estado a cumplir otras funciones o pedir el pase a la nueva repartición.

Cabe recordar que el proyecto original de la senadora García proponía dar autarquía a esa repartición, sacarla de la órbita de Fiscalía de Estado, para que se transformara en el equivalente de la Oficina Anticorrupción de la Nación, organismo que a nivel nacional tiene la responsabilidad de la gestión de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.

En la idea original, la propuesta tenía cierta lógica: la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción tienen funciones similares. Pero esta idea fue la fuente de los primeros obstáculos para el proyecto. El fiscal de Estado, Fernando Simón, puso el grito en el cielo porque entendía que le estaban restando atribuciones.

 

 

La pregunta es si el recorte de atribuciones tiene que ver con la pérdida de cargos que en la redacción original era de cuajo y sin preguntas y ahora es optativa. ¿Cuántos empleados de la futura ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas querrán pasarse a una repartición nueva, bajo qué autoridad y con cuál escalafón? Fiscalía de Estado tiene condiciones de trabajo propias.

Con el tiempo, las modificaciones del proyecto mantienen algunas huellas de esa idea original: en el artículo 42 de la 8.993 se establece que la Fiscalía de Estado tiene que pasar al nuevo organismo todas las declaraciones juradas y todos los expedientes que hoy tramita Javier Fernández.

 

Paritarias, para después de la elección

La inflación en Mendoza acumulada entre enero y agosto ya llegó al 17%. Ése fue el porcentaje de incremento salarial que firmaron buena parte de los gremios estatales con la promesa de que, en caso de que la inflación superara el incremento otorgado, se reabrirían las paritarias.

Ayer, el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, ratificó lo que se dijo hace tiempo: que las paritarias se van a reabrir pero después de las elecciones del 22 de octubre. El 22 de mayo pasado, el ministro se lo dijo a Los Andes y ayer lo repitió: “Hemos hablado de empezar inmediatamente finalizado el proceso electoral. Si tenemos acuerdo rápido se pagará ahí nomás”. 

Además, ratificó que el mismo porcentaje que se otorgue a los gremios que firmaron la paritaria se dará a los trabajadores de los gremios que no la firmaron, como los docentes. 

Los reclamos ya empezaron a hacerse sentir. La CTA ayer difundió un comunicado en el que exigía la apertura de paritarias lo antes posible, porque la proyección inflacionaria oficial ya estaba siendo superada. 

“Es importante ver cómo van a evolucionar los últimos tres meses del año. La inflación de octubre la vamos a conocer el 10 de noviembre”, aclaró el ministro sobre los tiempos de la definición.